Arco minero y ambiente

Arco minero y ambiente

Por Francisco Olivares / El Universal.-  Con el nombre de Arco Minero del Orinoco, fue denominado el decreto que permitirá el desarrollo minero de una basta área al norte del Estado Bolívar, toca una parte del Amazonas y otra del Delta Amacuro, para una extensión total de 111.843,70 kilómetros cuadrados en el que se otorgarán en concesiones a unas 150 empresas mineras de diversas partes del mundo. Esto constituye aproximadamente 12% del territorio nacional.

Según explica el ex senador Alexander Luzardo, quien fuera el autor de las disposiciones ambientales de la actual Constitución Bolivariana, se trata de una amplia zona de gran biodiversidad que abarca gran cantidad de bosques, selvas que están protegidas por decretos de reserva forestal como el caso de Imataca, de 3 millones 800 mil hectáreas, La Paragua y El Caura con 5 millones 134 mil hectáreas, monumentos naturales como el caso de Guanay decretados en 1991 y cuencas que están protegidas igualmente por leyes ambientales y convenios internacionales como la Cuenca del Caroní de 96 mil kilómetros cuadrados, que provee de las reservas de agua dulce más importantes del país y generadora de 60% de la energía hidroeléctrica que alimenta la represa del Guri y el complejo hidroeléctrico.

La zona protectora del estado Bolívar decretada en el año 1975 abarca 7 millones 262 mil 358 hectáreas, es la zona protegida más extensa de Venezuela. Esto da un promedio de 80% protegido del Estado Bolívar. Para el ambientalista Luzardo, esa es la gran creación de planificación que legó el período democrático “y sin eso no habría represa del Guri”, enfatiza Luzardo. El tema cobra relevancia cuando el pasado lunes Corpoelec publicó en su portal web que el nivel de agua de la represa había llegado a 244,89 metros sobre el nivel del mar (msnm), colocando a la represa a 89 centímetros del inicio del colapso eléctrico que es de 244 msnm.

De allí que considere  el especialista en derecho político ambiental, que ese decreto, que abarca una extensión del territorio dos veces el tamaño del Estado Zulia, constituya el sacrificio ecológico de una gran parte del territorio que afectará a generaciones presentes y futuras. De allí que califique este decreto como un “crimen ecológico” solo comparable al efectuado por la desaparecida Unión Soviética en el Mar de Aral.

En aquel caso emblemático para el mundo, se sacrificó el espacio marítimo en función del desarrollo agrícola para la producción de algodón. Pero los efectos posteriores  resultaron más dañinos que el beneficio económico perdiéndose gran parte del mar, volviendo sus aguas estériles y provocando la desaparición de unas 150 especies que vivían en el mar y ríos afluentes, como consecuencia de la contaminación.

¿Por qué el decreto?

El Motor Minero forma parte de uno de los 14 motores que fueron establecidos en la Agenda Económica Bolivariana que diseñó el presidente Nicolás Maduro para reimpulsar la economía venezolana. El llamado “Arco Minero” según define el decreto 2.248, es fundamental para impulsar la transición del “rentismo petrolero”.  El mismo busca promover la minería lícita y ordenada, en esa región de Bolívar en donde se encuentran aproximadamente 200 millones de toneladas de bauxita y 44 mil toneladas entre oro y diamante.

Según expresó el gobernador de ese Estado, Francisco Rangel Gómez, durante la presentación de la Agenda Económica Bolivariana, el Arco Minero del Orinoco pudiera ubicar a Venezuela como la segunda reserva de oro más grande del mundo y posicionará al Estado Bolívar como una alternativa económica no petrolera. En el encuentro por la activación del Arco Minero Orinoco participaron más de 150 empresas, de 35 países, interesados en la inversión en suelo venezolano.

Por su parte, el presidente del Banco Central de Venezuela informó que en abril estarán instaladas en el país varias empresas mixtas con capital canadiense, estadounidense y alemán para iniciar la extracción de oro, cobre, plata y coltán en el Arco Minero del Orinoco, como parte de los convenios suscritos por el Estado venezolano para la explotación de minerales”.

El funcionario ha asegurado que con la minería va a darse un impacto positivo en el Producto Interno Bruto.

El decreto ofrecerá facilidades a estas empresas, que en su artículo 21, expresa que “el “Ejecutivo Nacional podrá otorgar exoneraciones totales o parciales del impuesto sobre la renta y del IVA, aplicables a las actividades conexas a la actividad minera, a los fines de fomentar el impulso y crecimiento de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero”.

Una zona ya intervenida

Cuando en 2010 Venezuela sufrió otra fuerte sequía, similar a la que se sufre en los actuales momentos, producto del fenómeno de El Niño,  fue consultada por El Universal  la investigadora de la Universidad Simón Bolívar, Lelys Bravo, quien forma parte del equipo de científicos que ha estudiado en profundidad la biodiversidad en la cuenca del Caroní. Explicaba la especialista, que la intervención a la que ha sido sometida la Gran Sabana ha alterado el ciclo hidrológico de la cuenca. Aclaraba la investigadora que si bien los efectos de El Niño han incidido en el clima y la frecuencia de las precipitaciones en la región, los más graves efectos provienen de la tasa de deforestación que sustituye bosque por sabana, la minería que sedimenta y envenena los cursos de agua, la cuenca y el embalse y las quemas frecuentes de la sabana. Explicó la investigadora que los estudios que ha realizado el equipo que preside el investigador del IVIC Eugenio Sanhueza, han determinado que una zona quemada en esa región, requiere de 3 a 4 años para ser recuperada.

Luego de 5 años de la grave situación que vivió la cuenca del Caroní y la represa de El Guri, persisten las mismas causas. Indica Luzardo que fue el Gobierno el que llamó a la formación de cooperativas mineras que originó un aumento significativo de la actividad minera artesanal y la ilegal en toda la cuenca con una presencia estimada de 30 mil mineros, en su mayoría brasileños, colombianos y guyaneses. Más tarde con la idea de revertir la oleada de mineros que tomaban la zona tras las “bullas” de oro y diamante, la ministra del Ambiente para ese momento, Jaqueline Farías, promovió un plan de reconversión minera, que intentó atraer a los mineros hacia otras actividades económicas sustentables, pero el plan fracasó.

Recuerda Luzardo cómo la minería ilegal se ha extendido por toda la cuenca e incluso el pasado año habitantes de la zona y ambientalistas denunciaron, cómo la minería ilegal había llegado al Parque Nacional Canaima. Para Luzardo las concesiones que se otorgarán en el llamado Arco Minero promoverá aún más la minería ilegal tras las “bullas” mineras.

El legado ambiental de Chávez

Cuando el presidente Hugo Chávez asistió a la cumbre de Copenhague dedicada al calentamiento global en 2009 señaló al capitalismo mundial como el responsable de todos los males de la humanidad en materia ambiental. Su socialismo del siglo XXI y los países aliados serían entonces la única salvación de la humanidad.

“No cambiemos el clima, cambiemos el sistema y comenzaremos a salvar el planeta. El capitalismo, el modelo de desarrollo destructivo está acabando con la vida, amenaza con acabar  con la especie humana”. Exponía el fallecido presidente venezolano ante la cumbre.

En su programa de Gobierno presentado en noviembre de 1998, un mes antes de triunfar en las elecciones, Hugo Chávez ofrecía salvar la Sierra de Imataca, proteger El Amazonas y Guayana, los lagos de Maracaibo y Valencia, los parques nacionales, el Orinoco y sintetizaba la propuesta con la consigna: “Por el derecho al agua pura y al aire limpio”. Entonces muchos grupos ecológicos del país se adhirieron a la candidatura socialista.

Medidas anteriores

A pesar de la utilización de un lenguaje en el que abundan términos como “endógeno”, “sustentable” o “ecosocialismo” la política de expansión y de poblamiento de la cuenca del Caroní se profundizó durante el Gobierno de Chávez y  Maduro, sostiene Luzardo. Uno de esos ejemplos emblemáticos fue el decreto de explotación minera en la reserva forestal de Imataca.

Recordemos que ese decreto (1810) aprobado durante el Gobierno de Rafael Caldera generó reacciones de grupos ambientalistas e indígenas en su contra. El proyecto para la explotación minera en Imataca se ratificó a través del decreto 3110 aprobado en septiembre de 2004 que sustituyó al de Caldera. El mismo consagró la minería en todos los niveles: pequeña, mediana y gran minería, que permitió la intervención de 40% de la reserva forestal de Imataca. Allí se abrió en perspectiva la entrada de nuevas empresas ligadas con los nuevos aliados internacionales.

Otro caso fue la  construcción del tendido eléctrico desde el Guri hasta Brasil que atraviesa la reserva de Imataca y el Parque Nacional Canaima, inaugurado por los presidentes de Brasil y Venezuela en agosto del año 2000. Ese año, ante las luchas protagonizadas por las comunidades indígenas, Chávez señaló: “El Gobierno debe garantizar la culminación del tendido eléctrico, a pesar de las posiciones de algunos grupos indígenas radicales, anárquicos, que no son la mayoría y que pueden estar siendo instigados por personas extrañas”.

El proyectó contemplaba llevar electricidad desde el Guri hasta la ciudad brasileña de Manaos con 2,5 millones de habitantes, pero más tarde se optó por llevarla solo hasta Boavista. Con 680 kilómetros de longitud, el tendido costó $400 millones y surte a la ciudad brasileña con 230 kw pero que ha sido reducido en 70% debido a la crisis del complejo hidroeléctrico.

¿Que opina sobre esta información?