Ausencia de datos traba contabilidad empresarial

Ausencia de datos traba contabilidad empresarial

La omisión en la publicación de los datos oficiales por más de un año, ha tenido un fuerte impacto en los asuntos contables de las empresas, que se ven obligadas a utilizar mecanismos no convencionales, para poder proyectar la inflación y poder así estimar el pago de impuestos; aspecto que remite a un posible desajuste en las cuentas nacionales.

La situación se desprende de una norma internacional que fue asimilada en la legislación venezolana a principios de los años 90, según la cual en los países donde hubiera una alta incidencia inflacionaria, las empresas pueden hacer un ajuste de acuerdo a ese indicador al momento de estimar sus balances contables, con la finalidad de cancelar el impuesto sobre la renta, en base a sus ingresos reales y no sobre cuentas nominales.

  • La inflación afecta todos los activos y los pasivos de una empresa y el Estado reconoce esa afectación. Esa es una norma internacional”, señala el experto en derecho tributario Leonardo Palacios, quien añade que este aspecto toma especial interés en economías inflacionarias.

quebradasNo obstante, la falta de datos oficiales emanados del BCV pone en serios aprietos a las empresas a la hora de cancelar sus obligaciones tributarias, pues no existe parámetro para medir no solo sus ganancias reales sino aspectos tan elementales como cuantificar el ajuste salarial que debe dar a sus trabajadores o el pago de honorarios profesionales a sus proveedores de servicios.

Ante esta incertidumbre, las empresas han recurrido al mecanismo no convencional que, no obstante, son legales e internacionalmente admitidos, pero que pueden ocasionar una serie de inconvenientes tras el pago de impuestos.

“Al no tenerse datos del Índice Nacional de Precios al Consumidor, hay que estimarlo, y para esto la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela (Fccpv) estableció el año pasado dos mecanismos: calcularlo según el promedio de los tres últimos meses de inflación publicados, y la utilización de indicadores aportados por instituciones reconocidas”, afirma Thomy Céfalo, socio de la firma auditora Mazars Venezuela – Adrianza, Rodríguez, Céfalo & Asociados.

El especialista ratifica que la decisión del ente gremial se basa en la aplicación de normas internacionales según las cuales en caso de no contarse con los datos estadísticos, es posible proyectar la inflación con base en las últimas cifras oficiales.

“En algún momento, una consulta que se hizo al Seniat el año pasado, se pretendía aplicar el dato de diciembre de 2014, negando así la inflación de todo 2015”, afirma el experto, quien aclara que para solventar el impasse se recurre a estimaciones de organizaciones reconocidas que utilicen metodologías similares a las usadas por el BCV para medir la inflación.

“A falta de datos, se aplica este método porque es el más cercano a la realidad para medir la rentabilidad de cara a la tributación”, afirma Palacios, quien no obstante reconoce que pese a la validez internacional de esta metodología, existen discrepancias sobre los datos a tomar como referencia.

Pero la incertidumbre no desaparece. Es el caso de empresas que tuvieron su cierre fiscal en junio o septiembre de 2015, y que basaron sus estimaciones en cálculos que se quedaron muy atrás frente a las cifras dadas a conocer el 15 de enero por el BCV, según el cual la inflación enero – septiembre alcanzó 108,7%. “Algunos de nuestro clientes habían calculado una inflación de 80% y se quedaron muy retrasados”, dice Céfalo.

Surge otra conjetura no resuelta: si el Seniat toma cómo válida la cifra oficial mientras que las empresas sus cálculos no oficiales, tendría que haber un resarcimiento del monto no cancelado que, de acuerdo con los expertos, podría dar lugar a sanciones.

“Se tendría que pagar la diferencia más los intereses devengados, pero nunca una sanción porque se trató de un ‘error de derecho excusable’, un error involuntario”, señala Thomy Céfalo, quien reitera que debe haber simetría entre el cálculo fiscal y el tributario al momento de realizar la declaración sustitutiva.

Al respecto, Leonardo Palacios señala que podría darse el caso de tributaciones confiscatorias y regresivas “que no tomen en cuenta la capacidad de pago de la contribución de acuerdo con la renta real sino a discreción”, lo que a su entender violaría el derecho de propiedad.

 

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