Embalses en estado crítico

Embalses en estado crítico

Los efectos del fenómeno climático El Niño se extenderán hasta por lo menos marzo de 2016, según pronosticó en agosto pasado el Centro de Predicciones de la Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés). Estas secuelas, en el caso de Venezuela, se traducen en copiosas lluvias en algunas zonas del país, como las que provocaron en el mes de julio las inundaciones en Guasdualito, en el estado Apure; pero también se manifiestan con severas sequías en otras regiones, como las que han azotado en los últimos meses a los estados Carabobo, Falcón y Zulia.

Sin embargo, las posibilidades de Venezuela para afrontar el período de sequía del próximo año se reducen a su mínima expresión, ya que según el ingeniero Eduardo Páez Pumar, miembro del Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV) y secretario general de la Asociación Integral de Políticas Públicas (Aipop), el actual estado de los embalses venezolanos no permite contar con un adecuado plan de contingencia.

Según estimaciones de algunos expertos, El Niño de este año será el más intenso que se haya manifestado desde que se empezó a llevar el registro en la década de 1950. De hecho el pasado mes de octubre, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) confirmó, a través de una nota de prensa, que “la probabilidad de que se mantengan condiciones típicas de un evento El Niño de fuerte intensidad supera 90% durante el período comprendido entre septiembre de 2015 y marzo de 2016”.

De allí la importancia de tomar medidas urgentes que permitan enfrentar el problema de la sequía tanto en el presente como en el futuro, ya que la escasez del vital líquido no solo afecta el suministro de agua potable sino que afecta además la generación de energía hidroeléctrica y compromete el sistema de riego necesario para la producción agrícola.

Déficit de infraestructura

Según el ingeniero Páez Pumar, en Venezuela hay “un déficit importante de infraestructura para almacenar agua”, especialmente para acumular la que se necesita para el consumo humano y el riego, ya que del volumen total embalsado (157.823 millones de metros cúbicos), solo 10% (15.943 millones m3) se utiliza con estos fines, incluido el control de inundaciones; mientras que el otro 90% (141.800 millones m3) se destina a la generación de energía hidroeléctrica.

En Venezuela se han construido al menos 97 embalses, de los cuales solo dos fueron concluidos en el período 1999-2015: la represa de Caruachi en el estado Bolívar, que se inauguró en 2006 y es utilizada para generación hidroeléctrica; y la ampliación del embalse El Diluvio en Zulia, conocido hoy día como Tres Ríos, el cual surte de agua a Maracaibo y se usa para el regadío de 20 mil hectáreas en esa región.

Otras siete presas se edificaron en la década de los años 40′ y seis más en la de los años 50′, pero el mayor número de obras se realizó entre 1959 y 1998 con un haber de 73 diques.

De los 97 embalses al menos 81 son para el suministro de agua, tanto para el consumo humano como para el riego; sin embargo, no todos están operativos, destaca el secretario general de Aipop. Comenta que de los que están en funcionamiento, varios se encuentran en estado crítico por su bajo nivel de agua; mientras que a otros les falta poco para sedimentarse por completo, ya que no han recibido el mantenimiento adecuado.

A finales de octubre pasado, el ministro para el Ecosocialismo y Aguas (Minea), Guillermo Barreto, confirmó a la prensa que los embalses Tulé, Manuelote y Tres Ríos en el estado Zulia estaban en “estado crítico” producto de la sequía, razón por la cual el Ejecutivo se vio en la necesidad de aplicar “racionamientos duros”. Situación similar se repite en Falcón, en las represas de Mapará y Barrancas, y en Guárico, en el dique de Tierra Blanca.

Por otro lado, levantamientos batimétricos realizados a varios embalses con diferentes períodos de operación, demuestran que al menos siete diques ya han perdido su capacidad a una tasa superior a las estimaciones iniciales. Ellos son: Guaremal (Yaracuy), Los Quediches (Lara), Pedregal (Falcón), Guanapito (Guárico), El Guamo (Monagas), Cumaripa (Yaracuy) y Maticora (Falcón).

Toda esta situación aunada al crecimiento de la población durante los últimos tres lustros y la falta de nuevos embalses, ha provocado una deficiencia en el suministro del servicio de agua, aseguran los expertos.

El ingeniero Norberto Bausson, especialista en manejo de servicios públicos, explica que en los países tropicales, como Venezuela, el deber ser es acumular y ahorrar agua durante los períodos de lluvia para luego utilizarla en la época de sequía. A su juicio, en el país concurren varias circunstancias que han generado la crisis en el sector. Coincide con Páez Pumar al señalar que un primer factor es la no construcción de nuevos embalses y la falta de mantenimiento a los ya existentes. “Los que hay están abandonados, algunos hasta contaminados (…) Lógicamente, al no cuidar las cuencas, el futuro de los embalses y del servicio de agua potable es incierto”, sentencia.

El especialista comenta que hay embalses como “Camatagua, La Mariposa, Lago de Valencia, Pao-Cachince y muchos otros que hoy están llenos de sedimento y sin vida, ya que la fauna no puede sobrevivir en esos ecosistemas”.

Agrega que parte del problema es la falta de inversión y la carencia de nueva tecnología.

Durante la última década también se inició la construcción de dos nuevos embalses: Tocoma en Bolívar y Cuira en el estado Miranda, pero ambas construcciones se encuentran paralizadas. En el caso de Tocoma, también conocido como Central Hidroeléctrica Manuel Piar, la obra se inició en 2007 y corresponde al cuarto proyecto en el bajo Caroní. La edificación se encuentra bastante avanzada, pero faltan más recursos para terminarla. Su conclusión está prevista para el 2017.

En lo que respecta a Cuira, las labores de construcción se iniciaron en 2011 como parte de las obras del Proyecto Tuy IV que se desarrollan en el estado Miranda, según informó en esa época el entonces ministro para el Ambiente, Alejandro Hitcher, en declaraciones a la prensa. Este dique estará ubicado sobre el río Cuira, en Barlovento; tendrá una capacidad de almacenamiento de 700 millones de metros cúbicos, y surtirá agua potable, de manera continua, a más de 5 millones de habitantes del Distrito Capital, así como de los estados Miranda y Vargas. Según las estimaciones del ministro la obra estaría lista para finales de 2012.

Escasea el agua para riego

El ingeniero Eduardo Páez Pumar califica de “grave” el actual problema de escasez del vital líquido con fines de irrigación. Explica que al crecer la población aumenta el consumo de agua potable, y por falta de nuevos embalses disminuye el agua almacenada para el regadío. Cita como ejemplo el caso de la represa de Camatagua, que fue construida para regar 12.000 hectáreas (Ha) y para suministrar más del 60% del agua que consume la Gran Caracas. En la actualidad, debido a las necesidades de agua de la ciudad capital, Camatagua no está en la capacidad de regar las 12 mil Ha; pero además, por formar parte de la cuenca del río Guárico, limita el flujo de agua de este río, que es la principal fuente de alimentación de la presa del Guárico.

El experto señala que al secarse el embalse de Camatagua también se desagua el dique de Guárico, como ocurrió en el período 2002-2003 cuando por falta de agua se produjo una disminución de la superficie sembrada, de 48.000 a 12.000 Ha, lo que representó una merma de producción de arroz del 75%. En esa época se afectaron más de 1.300 pequeños productores, hubo abandono de parcelas, cierre del agrocomercio y servicios metalmecánicos; además del éxodo de pobladores de Calabozo hacia el centro-norte del país.

Otro ejemplo es el caso del embalse Pao-Cachinche, diseñado para regar 6.000 Ha. Las aguas de este dique se utilizan en su totalidad para el Acueducto Regional del Centro Nº 1 que surte de agua potable a Maracay y Valencia. Lo mismo ocurre con la represa de Tres Ríos en Zulia. Fue edificado para regar 20 mil Ha, pero solo irriga 2.500 Ha, ya que está siendo utilizado casi en su totalidad para surtir agua a Maracaibo, donde incluso se raciona el agua a la población cada 4,5 días.

Por otro lado, Páez Pumar acota que también por mal manejo de las aguas servidas se inundan y se pierden zonas agrícolas, como en el caso del Lago de Valencia, donde las aguas procedentes de Valencia, Maracay y las ciudades circunvecinas han condicionado el aumento de nivel del lago, lo que ha originado la pérdida de al menos 10.000 hectáreas de tierras al sur del lago, que en la actualidad se encuentran ociosas o inundadas y eran regadas por el Sistema de Riego de Taiguaiguay.

Adicionalmente, el especialista indica que existen proyectos inconclusos que afectan el riego de los cultivos, como por ejemplo el caso del Sistema Yacambú-Quíbor en el estado Lara. Este complejo permitiría aumentar en 19.000 Ha el área de riego del Valle de Quíbor y ampliar el abastecimiento de agua potable a Barquisimeto-Cabudare. La obra paralizó por el desplome parcial del túnel de trasvase de la represa, ocurrido en septiembre de 2014. No obstante, a mediados de este año el ministro Barreto inspeccionó el proyecto y dijo a la prensa que lo más probable es que para el 2018 se inaugure la obra.

Páez Pumar destaca que el riego es una actividad necesaria para la producción agrícola y que la falta de agua puede acarrear pérdidas millonarias. Recuerda que la sequía 2009-2010 produjo también un efecto negativo en la producción de maíz, sorgo y arroz.

Finalmente, los especialistas aseguran que a corto plazo no es mucho lo que se pueda hacer, pero exhortan al Ejecutivo a tomar medidas inmediatas para solventar a futuro el problema. El ingeniero Bausson recomienda el mejoramiento del recurso humano, la adquisición de nuevas tecnologías y aumentar la inversión en el sector.

Por su parte, Páez Pumar recomienda el desarrollo de nueva infraestructura y para ello propone como alternativa recurrir a las Asociaciones Público Privadas (APPs), que trabajan con el respaldo de un Fondo Fiduciario, el cual funciona como garantía estatal para el suministro de los fondos al inversionista y como control del uso de dichos recursos por parte del privado.

Fuentes: El Universal

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