Europa ha avanzado en responsabilidad social enpresarial pero falta mucho

Europa ha avanzado en responsabilidad social enpresarial pero falta mucho

En esta entrevista, Sarah Lincoln es responsable de Derechos Humanos de la ONG Brot für die Welt (Pan para el mundo) habla de los avances en materia de RSE pero también advierte dificultades. Señala que en Europa sólo pueden esperarse -por desgracia- progresos muy lentos en ese campo. “Una dificultad es la falta de predisposición de los Estados Miembros a tomar la iniciativa en materia de responsabilidad empresarial”.  La experiencia europea puede ser ilustrativa para el empresariado y la sociedad latino americana.

¿Cuál es la situación de los distintos Estados europeos con respecto a la elaboración de Planes de Acción Nacionales sobre Responsabilidad Social Empresaria?

En 2011, la Comisión Europea pidió a los Estados Miembros que desarrollaran Planes de Acción Nacionales para implementar las directrices de las Naciones Unidas en materia de economía y derechos humanos. Tanto el grupo de trabajo de las Naciones Unidas sobre derechos humanos y economía como la Comisión Europea en su comunicado sobre Responsabilidad Social Empresarial (RSE) de 2011 proponen en este sentido un «mix inteligente» de medidas vinculantes y voluntarias.

En los últimos años, Gran Bretaña, los Países Bajos, Italia, Dinamarca, España, Finlandia. Lituania, Suecia y Noruega han aprobado Planes de Acción Nacionales. Otros países, como Alemania, están trabajando en Planes de Acción.

Los Planes de Acción existentes hasta ahora tienen, no obstante, una débil formulación en temas centrales, y se concentran mayormente en listar iniciativas ya existentes. Casi no aprovechan el potencial de las directrices de las Naciones Unidas, especialmente el allí postulado «mix inteligente» de medidas vinculantes y voluntarias.

Los Planes de Acción se desentienden en gran medida de los actuales vacíos en materia de protección dentro del país, como es el caso de la explotación laboral de migrantes ilegales. En lo que respecta a la responsabilidad de las empresas europeas por violaciones a los derechos humanos en el exterior, los actuales Planes de Acción apuestan a un enfoque asociativo con la economía.

En todos los Planes de Acción el foco está puesto en las ofertas de asesoramiento e información, diálogos sectoriales e iniciativas que involucran a las partes interesadas. Es inútil buscar normas vinculantes para la economía. Los Planes de Acción tienen un pobre contenido incluso en lo que respecta a las empresas controladas por el Estado o subvencionadas por el Estado, donde las directrices de las Naciones Unidas ven un deber especial y también una oportunidad del Estado para regular. De todos modos, las empresas estatales finlandesas identificarán en un futuro, según su Plan de Acción, riesgos para los derechos humanos y elaborarán informes al respecto.

Otro punto débil es el descuido de la tercera columna de las directrices de las Naciones Unidas, el acceso de los afectados a un auxilio. Muchos de los Planes de Acción carecen de toda propuesta sobre cómo mejorar el acceso a la justicia, solo Suecia y Lituania realizan reformas en este aspecto, por ejemplo, para disminuir los costes de los procesos.

El foco puesto en las medidas voluntarias da lugar al temor de que sea poco lo que los Planes de Acción existentes vayan a cambiar en la práctica comercial de las empresas europeas. También las investigaciones actuales muestran que los compromisos voluntarios de la economía casi no tienen efecto y que los cambios se pueden lograr de forma mucho más efectiva con normas legales.

¿Cuáles son los pioneros europeos en este asunto? ¿Por qué estas regulaciones pueden ser calificadas como ejemplares?

A pesar de los decepcionantes Planes de Acción actuales, en algunos países hay, también a nivel de la UE, un debate en torno a la responsabilidad empresarial por los derechos humanos. Los primeros pasos regulatorios se están dando sobre todo en lo que respecta a un mejoramiento de la transparencia. En 2014 la Unión Europea (UE) ha aprobado la denominada directiva de RSE, que establece que las grandes empresas deberán informar también sobre riesgos sociales y ecológicos de su actividad comercial. En el último año, en Gran Bretaña se aprobó el Modern Slavery Act. La ley apunta a las formas modernas de esclavitud y obliga a las grandes empresas a informar sobre estos riesgos en su actividad y en la cadena de suministros, sobre qué medidas tomaron para evaluar y manejar estos riesgos. Desde hace algunos años hay una ley similar en California.

En Francia, el debate va más allá del mero deber de informar. En marzo de 2016, el Parlamento francés aceptó en la segunda lectura una ley según la cual las grandes empresas francesas están obligadas a identificar riesgos en materia de derechos humanos y evitar que estos riegos se materialicen. Aquí deben incluir se también los riesgos en empresas subcontratistas y empresas proveedoras.

Después de que el Senado rechazara el proyecto hace algunas semanas, se ha formado ahora una comisión de mediación. De todas maneras, es de suponer que la ley francesa sea aprobada durante este período legislativo, antes de las elecciones de abril, en una versión debilitada. Si bien la ley comprenderá solo empresas muy grandes, puede ser considerada como inaugural: por primera vez, las empresas se verían obligadas a poner en práctica procesos completos de salvaguarda de los derechos humanos, los cuales abarcarían también los problemas en filiales y socios contractuales fundamentales en el extranjero.

En Suiza, una gran coalición formada por sindicatos y organizaciones de derechos humanos, ambientalistas y organismos de desarrollo está intentando lograr una ley similar a través de un plebiscito.

En todos estos debates se siente que aumenta la presión sobre los gobiernos. Las organizaciones ambientalistas, de consumidores y de derechos humanos, al igual que los sindicatos, ya no toleran más dilaciones con promesas vacías y procesos de diálogo.

¿Pueden esperarse en Europa cambios esenciales en en materia de responsabilidad empresarial? ¿Cuáles son los principales déficits a nivel europeo?

Actualmente, en Europa solo pueden esperarse por desgracia progresos muy lentos en el campo de la responsabilidad empresarial. Una dificultad es la falta de predisposición de los Estados Miembros a tomar la iniciativa en materia de responsabilidad empresarial. Cada país teme sufrir desventajas en la competencia internacional si aplica regulaciones económicas.

También el Senado francés ha rechazado el proyecto alegando que un avance de Francia tendría gravosas consecuencias para las empresas francesas en comparación con otras empresas por la imposición de tasas. Es por ello que, junto con otros Parlamentos nacionales, la Asamblea Nacional de Francia pide también a la UE que tome cartas en el tema de las regulaciones y contribuya, de este modo, a una regulación unificada. La red europea ECCJ y Pan para el Mundo también apuestan decididamente a una regulación europea de los deberes de atender los derechos humanos por parte de las empresas, pero esto parece hoy muy improbable.

Tanto la UE como sus Estados Miembros abogan cada vez más por la desregulación. Bajo los eslóganes «Mejor legislación» y «Freno a la burocracia», la UE y el gobierno alemán persiguen hace años una política que apunta en primer lugar a desgravar la economía y disminuir la burocracia, pero que se contrapone con la protección del medio ambiente, del consumidor y de los derechos humanos. Así, en los nuevos proyectos de ley debe calcularse de antemano la carga financiera para la economía y generarse en otro lugar el correspondiente alivio. Es por ello que la regulación de la economía en el campo de la protección del medio ambiente y los derechos humanos se torna cada vez más ardua.

A ello se suma la creciente polarización del paisaje político en la UE con un fortalecimiento de los partidos de la derecha populista. Con esto desaparecen también las oportunidades para alianzas de gobierno de izquierda que puedan impulsar el tema de la responsabilidad empresarial. Sin embargo, hay actualmente una nueva iniciativa a favor de una mayor regulación vinculante a nivel de la UE. Ecuador y Sudáfrica han lanzado una nueva iniciativa para un tratado de derechos humanos internacional y obligatorio con reglas para el comercio transnacional («Binding Treaty on human rights and transnational corporations and other business enterprises»).

Numerosas organizaciones no gubernamentales apoyan este avance. Desde julio de 2015, un grupo de trabajo intergubernamental está negociando posibles contenidos. Pero hay una gran resistencia de los países industrializados importantes. Los Estados Unidos, la UE, Canadá y Japón ya votaron en 2014 contra el proyecto; de todos modos, los Estados Unidos estuvieron presentes en la reunión de trabajo de este año realizada en octubre. Hasta que los países acuerden un tratado pasarán con seguridad algunos años más.

¿Qué opina del proyecto alemán?

El Plan de Acción alemán se está elaborando desde 2014 y estará listo a fines de este año. El gobierno alemán había anunciado en 2014 una ambicioso Plan de Acción y había organizado un muy trabajoso proceso de consulta. Hubo numerosas audiencias con expertos y conferencias donde ONG, sindicatos y federaciones empresariales podían aportar sus propuestas.

Tanto la FES como Pan para el Mundo junto con Germanwatch, Amnesty y Oxfam, presentaron estudios con propuestas bien concretas para la implementación legal de la responsabilidad empresarial. Si bien participaron de la redacción principalmente los ministerios conducidos por socialdemócratas, no hubo acuerdo dentro del gobierno sobre las normas vinculantes para las empresas. Al final daba la impresión incluso de que en Alemania no se podía consensuar siquiera la implementación de las directrices de las Naciones Unidas. Hace unos meses, el ministerio de Hacienda descartó todas las propuestas del proyecto y cuestionó incluso el contenido de las directrices de las Naciones Unidas.

El proyecto consolidado se limita mayormente a apelar a la economía para que asuma una mayor responsabilidad empresarial.

No obstante, el Plan de Acción alemán contiene algunos enfoques positivos:

· El Plan de Acción contiene una descripción bien completa de las obligaciones de las empresas de cuidar los derechos humanos y un claro pedido a todas las empresas para que integren estos procesos de salvaguarda a su actividad comercial.

· Además, el gobierno alemán se fija una meta: para 2020, por lo menos el 50% de las empresas de más de 500 empleados deberán cumplir procesos de salvaguarda de los derechos humanos. Esto será verificado mediante muestras.

· En distintos sectores, el gobierno alemán aspira a la formación de alianzas sectoriales en las que el Estado, el gobierno, ONG y sindicatos planifiquen juntos objetivos específicos por sector.

· Se está viendo la posibilidad de dar en el futuro subvenciones solamente a empresas que respeten los derechos humanos. También en el aprovisionamiento público, o sea, en el otorgamiento de contratos públicos se verá de qué manera considerar más la responsabilidad empresarial en un futuro. Para ello se desarrollará un plan escalonado.

Aun así, el gobierno alemán está lejos todavía de su pretensión de presentar un PAN «ambicioso». En lugar de obligar legalmente a las empresas a salvaguardar los derechos humanos, el gobierno alemán solo expresa su esperanza en tal sentido. Las empresas que no se hagan eco de ese pedido, no tienen por qué temer consecuencias en los próximos años. El gobierno alemán niega que las personas cuyos derechos (humanos) han sido violados en el extranjero por empresas alemanas tengan que luchar contra grandes obstáculos si desean elevar una demanda ante los tribunales alemanes. Se rehúsa a introducir cualquier reforma en el ámbito de los procesos civiles.

Con respecto a su deber de protección dentro del país, el gobierno alemán se limita a las reformas ya planeadas o realizadas, tales como el salario mínimo y el trabajo precario, que de todos modos son insuficientes. Por el contrario, ignora los vacíos de protección existentes, especialmente en las relaciones laborales de explotación en sectores sensibles como la construcción y la industria de la carne, o en relación con el tráfico de personas.

Los enfoques del PAN quedan muy claramente rezagados con respecto a las actividades legislativas de algunos vecinos europeos, como Francia o Gran Bretaña.

Es por ello que, en definitiva, el Plan de Acción alemán es bastante decepcionante y, mirado desde una perspectiva internacional, un enorme revés para el proceso Ruggie. Si incluso grandes países industriales como Alemania ponen en práctica con poco entusiasmo las directrices de las Naciones Unidas, el instrumento pierde credibilidad. Es por eso que, con razón, desde hace años crece el reclamo de un tratado internacional vinculante.

Europa ha avanzado en responsabilidad social empresarial pero falta mucho

Fuente: Revista Nueva Sociedad

Sarah Lincoln es responsable de Derechos Humanos de la ONG Brot für die Welt (Pan para el mundo)

Traducción: Carlos Díaz Rocca.

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