Ley de Propiedad desnudará realidad de la GMVV

Ley de Propiedad desnudará realidad de la GMVV

Mediante la aprobación del proyecto de Ley de Otorgamiento de Títulos de Propiedad a beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela, (ya autorizada en primera discusión), se conocerán finalmente cuántas unidades en realidad se han construido, como se han distribuido y a quienes se les ha adjudicado, con lo cual se develarán datos e informaciones que se guardan celosamente.

Se da por descontado, como bien lo anunciara el diputado Julio Borges, que se realizará una amplia auditoría, a fin de determinar si los recursos que se le han venido asignado a este circuito habitacional, en realidad se han invertido en forma correcta, o si por el contrario han sido malversados o destinados a otros fines.

En su última declaración al respecto el ministro para el Hábitat y Vivienda Manuel Quevedo, informó con mucho entusiasmo y alegría, que hasta el pasado martes 19 de enero se habían culminado un millón 2.802 viviendas en todo el país.

Esta cifra de unidades habitacionales, supuestamente corresponde a la cantidad de inmuebles residenciales, construidos por la misión aludida, de acuerdo con este anuncio del Gobierno.

Sin embargo, la Cámara Inmobiliaria, la de la Construcción, el Colegio de Ingenieros y el partido político Primero Justicia, han negado reiteradamente, que estas cifras sean ciertas y que respondan a la realidad nacional, por lo cual han retado al gobierno, a que presente los registros que tienen a fin de certificar si son veraces sus estadísticas.

Voces políticas nacionales han opinado al respecto, que ni siquiera las gobernaciones han querido suministrar, el número de unidades que se construyeron y que incluso, aún cuando fue una materia usada por el oficialismo en su campaña general, para sus candidatos a la Asamblea Nacional, éstos no hicieron énfasis en sus resultados, y parecían no tomar esa propaganda  a favor.

Pero a los contendientes de la oposición, que llevaron esta bandera como una de las premisas ineludibles, al parecer si le surtió efecto, por los resultados que se obtuvieron por circuito en todo el territorio nacional.

Y estas reflexiones anteriores, al parecer han sido las que tienen de cabeza a los oficialistas, dado que se han opuestos férreamente a que se hable de este caso, y menos que se apruebe la ley, la cual rechazaron en la primera discusión del pasado jueves 28 de enero del 2016, pero que si fue aprobada por la bancada opositora, y la cual muy pronto puede ser un texto legal.

La implicación

En su concepción, el proyecto comprende trece párrafos, que especifican la forma y contenido de la estructura legal, por medio de la cual se obligará al gobierno a otorgar los títulos de propiedad, su protocolización y asimismo un ordenamiento de tipo, urbano, ecológico, de convivencia y organización social, lo cual es necesario, debido a los hechos, en algunos casos delincuenciales, que se han suscitado en varios desarrollos habitacionales de esos.

En uno de sus anexos, se establece la instalación de una comisión parlamentaria coordinada por el presidente de la Comisión de Desarrollo Social, en este caso Miguel Pizarro, la cual debe registrar en 90 días hábiles (una vez aprobada la ley), un inventario de los proyectos ejecutados por el gobierno y los que están por realizarse.

Además de ello en el aparte de Evaluación de costos y beneficios, deberá realizarse un análisis cuantitativo de impacto económico, y que debe conocer:

  1. Número de viviendas adjudicadas: según las cifras oficiales.
  2. Costo de construcción de la vivienda: ya que no se cuenta con la información de este impacto económico. Y,
  3. Condiciones de financiamiento: que dependerán del número de cuotas y el monto de las mismas.

Este último renglón es quizás lo que teme el Ejecutivo, debido a que con ello se determinará el número de casas y apartamentos edificados, los costos que implicaron y asimismo su ubicación geográfica.

En los predios de los sectores inmobiliarios, se comenta que el parlamento busca auditar la Misión Vivienda por la “contradicción en las cifras” que se ha evidenciado, y no para “mercantilizar las viviendas de la GMVV”, como sostienen los representantes oficialistas, tanto de la AN como del gobierno en sí.

Al respecto diputado del oficialismo Ricardo Molina, aseguró que el gobierno rescató la vivienda como un derecho, resaltando que el Estado “le da prioridad a la familia y no al individuo, como lo establece la nueva Ley del Régimen de Propiedad de las Viviendas de la Misión”.

  • No vamos a permitir que se derogue la ley de la Gran Misión Vivienda de Venezuela, ya que la ley que se discute en el hemiciclo contraviene un principio constitucional, es la ley disfraz, aseguró.

Elio Serrano, también diputado oficialista, dijo que solo cinco años necesitó la revolución para crear un millón de viviendas dignas para el bienestar del pueblo (…) y que ahora se pretende mercantilizar esas viviendas del pueblo venezolano, por lo cual estará negada.

Acotó que “en ese tránsito de la construcción de viviendas, la oposición negó los recursos en todos los debates… y ¿ahora proponen propiedad?”, preguntó.

ViviendasConfusión de cifras

Aunque la Gran Misión Vivienda Venezuela fue proyectada hace casi ocho años, no fue sino hasta abril del 2011 cuando se conformó como tal, según la propia información contenida en su página web.

Entre sus postulados fija como marco teórico, que debido al desequilibrio originado en el desarrollo poblacional venezolano, en sus principales ciudades, se crearon cinturones de miseria, y asimismo que la población de menores recursos económicos, viviese en terrenos inestables y con carencia de servicios básicos, versus los sectores pudientes de la sociedad, que han contado con las mejores tierras.

En tal sentido habla que consciente de esa situación, el Presidente Hugo Chávez creó la Gran Misión Vivienda Venezuela, como un nuevo programa social que garantizara el disfrute de una vivienda digna, y permitiese avanzar extraordinariamente hacia la suprema felicidad social con en la satisfacción plena de las necesidades fundamentales, para el desarrollo y crecimiento de la vida del pueblo venezolano.

Su principal objetivo se basa en saldar el déficit habitacional del país, que ronda los 2,7 millones de viviendas. Pero en la misma aparece un gráfico (anexo), que sirve de apoyo, y que proyecta hasta el 2017 la construcción de 2 millones 3 mil unidades, es decir hay una diferencia de 400 mil unidades.

Para cumplir con esta meta, el gobierno entonces debería edificar entre este 2016 y el próximo año un millón 200 viviendas, porque, como se observó anteriormente, hasta la fecha el responsable de la cartera habitacional, dijo que se han construido un millón 2.802 viviendas en todo el país.

Esta proyección es algo temeraria, a la luz que escasean materiales, igual los recursos se hacen insuficientes y además de ello, la política al parecer influirá decididamente, en que se descuide parte de este objetivo.

Aunque el ministro Quevedo, ratificó el pasado 20 de enero que el Gobierno mantenía su objetivo de construir en este 2016, 500 mil viviendas, y que además tiene previsto rehabilitar otras 500 mil viviendas más. Dichos planes serán revisados directamente, por la comisión que se está creando en la ley que irá a segunda discusión.

En sus estamentos, aparece otra cifra cuando se expresa que “la Gran Misión tiene el desafío de cumplir con la construcción de 2.000.000 de viviendas a escala nacional en 7 años de acuerdo con un aumento progresivo: 153.404 viviendas en 2011, 200.000 viviendas para 2012, 300.000 viviendas para 2013, 325.000 viviendas para 2014, 325.000 viviendas para 2015, 350.000 para 2016 y 350.000 para 2017”.

Es decir, aquí faltarían por contabilizar unas 700 mil viviendas, que se establecieron en su “principal objetivo”. Con este otro dato se demuestra que hay una confusión de cifras, entre los propios responsables de llevar adelante esta misión.

A ello se le agregan otras cifras, que sirvieron de base para una sinopsis de la propia GMVV como lo es: “Lanzada en abril de 2011 por el presidente Hugo Chávez, la GMVV cumplió con 99% de su objetivo de construir 350.000 casas en veinte meses, al edificar 346.700 viviendas, de las cuales 200.080 se levantaron en 2012, superando la meta de 200.000 que estaba prevista para el año pasado.

Esto, no se sabe si fue en principio y luego se extendió la política o si, la realidad rebasó el contexto sobre la cual se basaba.

Bs. 418 millardos invertidos en la GMVV

Era evidente que con la aprobación en primera instancia del proyecto en cuestión, no se haría esperar la reacción del Primer Mandatario. Nicolás Maduro fue enfático en una de sus múltiples cadenas, advirtiendo que hasta el año 2015, se habían invertido en maquinaria y construcción de la GMVV, un total de 418 mil 428 millones de bolívares; lo que en dólares representa 66 mil 417 millones.

Esta cifra que no se conocía, como muchas otras que esconde el Banco Central sobre la economía venezolana, deberá cotejarlas la comisión con las obras in situ, lo cual traerá más de una diferencia y acierto, por lo que la idea de la auditoría cobra más fuerza.

El Jefe del Estado en ese mismo momento, autorizó el aumento de créditos para la adquisición de inmuebles, a grupos familiares con ingresos mensuales entre tres y quince salarios mínimos, con una posible extensión de 20 salarios mínimos.

También anunció, que el Fondo Simón Bolívar, será adscrito al Ministerio de Hábitat y Vivienda. Este es el instrumento, que articula todas las fuentes de financiamiento de la GMVV.

Además, presentó y firmó el decreto para la creación del Registro Inmobiliario de la GMVV, y así acelerar el proceso de protocolización, de los hogares construidos por el Estado, que con ello se adelanta a uno de los postulados que encierra el proyecto de ley.

Dicho ente según afirmó “establecerá las directrices para impulsar y acelerar los procesos de protocolización de los inmuebles que construye el Gobierno, así como también dará protección de la propiedad, de la familia y de la vivienda del pueblo”.

En cuanto a la decisión de la bancada opositora de la Asamblea Nacional, dijo que la referida propuesta, implicaba una doble amenaza: “… primero con acabar la Gran Misión Vivienda Venezuela, privatizarla, y ello me amarraría de manos”.

  • Y lo otro es que le negaría el derecho al pueblo de acceder a una vivienda digna, indicó Maduro.

Ante todo lo antes expuesto, debe decirse que las referencias anteriores, quizás sean el inicio de otra controversia entre las fuerzas polarizadas de la actual política nacional, y cuyo desenlace está por verse.

Miguel López Trocelt / construyenpais.com

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