Reforma a Ley Inmobiliaria reactivará el mercado

Reforma a Ley Inmobiliaria reactivará el mercado

Roberto Orta Martínez presidente de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana precisa de memoria, que desde hace dos años a la fecha, se ha venido produciendo un empobrecimiento general de la población, que va en desmedro de su propio bienestar.

La Ley Contra la Estafa Inmobiliaria está permitiendo que vayan desapareciendo los inmuebles en preventa, con lo cual se ha ido eliminando aquella opción que tenían los núcleos familiares de pagar un techo, sobretodo lo de la clase media.

Miguel López Trocelt / construyenpais.com

A Roberto Orta Martínez se le identifica a leguas como abogado. Es el prototipo típico de los profesionales del derecho, que recientemente, el pasado 23 de junio, celebraron su día en Venezuela. Y coincidió que ese mismo día, el equipo de construyenpais.com lo entrevistara con felicitación incluida.

Este joven preside la Cámara Inmobiliaria Metropolitana desde octubre pasado, conoce al dedillo todo lo referente a la materia inmobiliaria, a la cual le ha dedicado toda su vida como profesional, dado que su familia ha estado en este negocio por décadas, y por estirpe y apego ha continuado ese legado, al lado de su hermano quien también es colega y con quien igualmente comparte la oficina.

Ya antes se desempeñó como presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (APIUR), en la cual desarrolló una labor en defensa del libre  mercado de compra, venta y alquiler de este tipo de espacios vitales, para la consolidación y avance de las comunidades.

Sin embargo Orta Martínez precisa de memoria, que desde hace dos años a la fecha, se ha venido produciendo un descenso importante en la sociedad venezolana, por el empobrecimiento general de la población, que va en desmedro de su propio bienestar.

Pone como ejemplo la localidad de Caracas, donde existe la construcción de oficinas, centros comerciales o viviendas de lujo, pero que la población en general, la clase media, o los sectores menos favorecidos, no tienen acceso a nuevos proyectos.

Al ser requerido sobre la Ley Contra la Estafa Inmobiliaria, pone énfasis en sus palabras para referir que este instrumento, está permitiendo que vayan desapareciendo los inmuebles en preventa, con lo cual se ha ido eliminando aquella opción que tenían las núcleos familiares de pagar un techo, sobretodo lo de la clase media, en varias entregas.

20160623_155148_131242_01A ello le agrega otra denuncia que viene haciendo desde hace tiempo, como lo es la incidencia de la Ley de Arrendamiento, la cual ha espantado la inversión en viviendas para alquiler, y asimismo la confianza y seguridad jurídica del propietario, para poner en oferta sus anexos y sus viviendas, lo cual está causando un grave deterioro en este sector económico nacional.

Incluso el jurisconsulto va más allá, al argumentar que si se reforma esta ley, inmediatamente se reactivaría el mercado, y saldrían miles de viviendas para su alquiler, con lo cual se reiniciaría el negocio con la confianza que requiere el mismo, como se evidenció en las décadas de los 80 y 90 del siglo pasado.

  •  Al respecto, el Estado no tendría que invertir ni un centavo para que esto se reactive, simplemente se tratarían de cambios legales.

¿Y ustedes como institución (CIM) no podrían intentar provocar esa reforma o reestructuración legal necesaria?

  • En realidad sí. Desde la cámara hemos venido analizando una serie de propuestas, que estamos tratando a través de la Comisión de Administración y Servicios. Ya se tienen algunos aportespara cuando se inicien las discusiones y análisis de estos temas, dentro de las instancias respectivas.

Ahora los venezolanos construyen afuera

Al respecto agrega que con ello seguramente volverán muchos promotores a Venezuela, que lamentablemente están construyendo en Costa Rica, Panamá, España… Estos fueron ahuyentados por esta política de Estado, que no hizo factible la promoción de viviendas.

Al requerírsele las causas de esa estampida de promotores, responde casi de inmediato, que esto es producto de una política económica que trasciende al sector inmobiliario, y que afecta a todo el país por igual.

La oficina del entrevistado se engalana con una docena de diplomas y cinco medallas de condecoración, que se exhiben como obras adosadas a las paredes. Cuenta con 20 años afiliado a la Cámara Inmobiliaria y unos seis o siete en su directiva, la cual ha sido una trinchera de luchas en defensa de los intereses de sus afiliados.

Roberto Orta espera por tiempos mejores, tanto para el país como para su propia empresa, la cual se dedica al arrendamiento, comercialización, e inmuebles para alquiler, que por herencia siguen manejando como el propio traspaso del testigo de padre a hijo.

Sobre esta área revela que las viviendas para la compra o la venta en Caracas, está sobre-valorada”. Una vivienda usada en Caracas no baja de 12 millones de bolívares, y la banca sólo puede prestar 4 millones, es decir la banca está cubriendo apenas un 30% o una tercera parte del valor de la propiedad, por eso en el área Metropolitana había sido tan difícil adquirir una propiedad.

De allí que no esconda que a muchos nuevos jóvenes venezolanos, sobre todo los que necesitan casa, les es cuesta arriba la adquisición de una unidad habitacional o el arrendamiento de alguna otra.

Sobre este último aspecto, es más que preciso y certero. Al respecto argumenta que en Venezuela existen unas 700 mil viviendas para arrendar, de las cuales 40 mil tienen conflictos en su esencia, los cuales no se solucionan tan fácilmente.

Para explicar ello determinó que a través de la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda SUNAVI, los procesos para dilucidar los casos son lentos y engorrosos hasta el punto que sólo para agotar la vía conciliatoria la misma se lleva de uno a dos años si se corre con suerte.

Esto está en franca distorsión, por lo menos con las declaraciones de la propia  Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda (Sunavi), Ana Marina Rodríguez quien sostiene que con la aplicación de esa ley los propietarios recuperan sus viviendas en alquiler, en un plazo máximo de seis meses.

  • Antes era mejor, ya que los impases que se presentaban en el sector se resolvían en los tribunales, que eran más expeditos, a la hora de solucionar los problemas.

GMVV trajo colapsos en servicios y vialidad

Hay mucha distorsión en los procedimientos y situaciones que rodean este mercado, y asimismo pareciera irse trancando en la medida que avanza el tiempo y no se destraban los nudos que lo oprimen.

Pero igual advierte que el segmento de las oficinas, locales comerciales y otros, contemplan otra dinámica y afortunadamente no han paralizado sus operaciones, lo cual es un alivio para las empresas que se dedican a este ramo.

La oportunidad es propicia para tocar la “otra cara de la moneda” como lo es la política de la Gran Misión Vivienda Venezuela, la cual según sus propios impulsadores como son los gobernantes de turno, por la misma se han construido un millón 22 mil unidades.

Roberto Orta fue franco al criticar que  la GMVV solo se ha concentrado en Caracas, por lo que se observan colapsos en los servicios y vialidad, por citar algunos problemas.

mision_viviendaEn esta referencia no es muy ávido a hablar de la misma, pero por lo menos expresa, que no es posible que por cada vivienda de esas el Estado haya cancelado 53 mil dólares a empresas constructoras extranjeras, mientras que a las compañías venezolanas no les reconocen esta misma cantidad.

 

 

En otro orden de ideas ya habla sobre los planes demográficos de la Zona Metropolitana de Caracas, de la cual dice que la misma debería ser objeto de un profundo estudio, ya que se han presentado proyectos al respecto, a fin de hacer una mejor distribución de los municipios autónomos.

Saca como ejemplo que las zonas de Catia y Petare, debería ser nuevas alcaldías dado que su población y densidad es demasiada para encasillarlas en una sola administración de recursos.

Sin embargo acota de seguidas, que igual debe haber una racionalización de los poderes y fuerzas gubernamentales que rigen al Distrito Metropolitano, ya que no es como viable, que sobre la zona capitalina exista una superposición de competencias.

Y tiene toda la razón, o la asiste como dice la jerga del derecho, porque aquí ejercen de alguna manera algún control, las respectivas alcaldías, la Alcaldía Mayor, el Gobierno del Distrito Capital, aparte de los ministerios con competencia, algunos institutos autónomos y empresas del gobierno nacional.

Su visión se centra, en que es necesario tener primero una cohesión, en los planes a implementar en esta urbe caraqueña, y segundo armonizar las políticas entre los distintos entes para que sea viable y vivible esta gran ciudad, en la cual existe un déficit habitacional de 177 mil viviendas, al lado de otras 300 mil que necesitan reparaciones.

El epílogo del diálogo es una anécdota, a la cual hace referencia el periodista, sobre el aporte que hizo su padre Roberto Orta Poleo, en la reordenación municipal y autónoma, de la cual salieron los municipios y por ende las alcaldías de Baruta, El Hatillo, Libertador, Sucre y Chacao.

Por cierto que allí tuvo una gran influencia, en lo que fue la gestión de Irene Sáez Conde como la primera mujer alcalde del país, lo cual es de grata recordación, por lo menos en esa labor municipal.

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