Vivienda, Infraestructura, Servicios Públicos y la nueva AN

Vivienda, Infraestructura, Servicios Públicos y la nueva AN

Por RICHARD CASANOVA.-

Con la nueva correlación de fuerzas en el parlamento venezolano, diversos sectores gremiales y especialmente la población, tienen expectativas positivas con relación a la construcción de viviendas, la mejora en los servicios públicos y la infraestructura del país.  Aunque se mantienen intactas las competencias y consecuentes responsabilidades del Ejecutivo Nacional en la ejecución de obras y prestación de servicios públicos, algunas acciones del Poder Legislativo podrían contribuir significativamente a reactivar el sector y mejorar sustancialmente las condiciones del entorno económico, entre otros aspectos que podrían tener un impacto positivo en los sectores productivos del país.

Lógicamente, un resultado óptimo de este esfuerzo estará condicionado a la actitud que asuma el gobierno nacional ante la nueva realidad política. El gobierno tiene la posibilidad de asumir el principio de la cooperación de poderes y sin menoscabo de las competencias de la Asamblea Nacional, procurar un clima de convivencia y de trabajo en torno a los problemas reales de los venezolanos, algo que ha sido planteado con prístina claridad por el pueblo al sufragar mayoritariamente por el cambio.  Desde la Mesa de Unidad Democrática han asumido este mandato de los electores y se ha anunciado que sus parlamentarios centrarán sus esfuerzos en elevar la calidad de vida de la población y mitigar los ingentes problemas que confrontan hoy las grandes mayorías.   Ante este panorama ¿el gobierno insistirá en la confrontación política y en darle prioridad a la supuesta revolución?  Con la extrema debilidad que exhibe el gobierno, eso sería un salto al vacío. No parece la ruta lógica pero desde hace tiempo, la sensatez es muy escasa en los predios oficialistas y una derrota aplastante puede disipar la poca que quede. ¡Ojalá que no!

En todo caso, en el campo democrático la respuesta que aspiran dar a los venezolanos no es simple retórica sino que se han planteado una agenda legislativa que tiene el claro propósito de elevar y reorientar la inversión en vivienda e infraestructura, ofrecer seguridad jurídica tanto al sector privado de la economía como a la ciudadanía y en general, mejorar la prestación de los servicios públicos.  En un documento presentado por la MUD a la opinión pública, se resumen algunas de estas iniciativas legislativas:

Cada se hace más notaria la precariedad de los servicios públicos, en especial el agua potable, el servicio eléctrico, el transporte público, las telecomunicaciones, así como la infraestructura asociada a todos ellos. Para abordar con urgencia este tema se propone una Ley de Descentralización y Asociaciones Estratégicas Para la Mejora de los Servicios Públicos, cuyo objeto sería suprimir los monopolios y reservas que el Estado ha asumido en la prestación de servicios públicos en detrimento de los mismos, permitiendo que sean también asumidos por los Estados y Municipios, incluso con asociaciones estrategias con empresas privadas o mixtas mediante el otorgamiento de concesiones.

En materia de mejora de la infraestructura, incluyendo obras como vialidad, acueductos, recolección de basura, puertos y aeropuertos, se plantea una Ley de Asociaciones Público Privadas para el Desarrollo de obras Públicas, la cual permitiría y fomentaría que con financiamiento multilateral que se repagaría mediante la explotación de concesiones, empresas privadas asociadas con el Estado, puedan desarrollar obras de gran envergadura y alta inversión indispensables para la mejor prestación de los servicios antes señalados. Esta iniciativa ha sido exitosa en muchos países del mundo y en especial en América Latina donde no hay suficientes recursos para financiar estas obras de alta monta.

Para complementar y ampliar la incitativa denominada Misión Vivienda y facilitar a los ciudadanos adquirir plena propiedad sobre viviendas dignas, sería posible promulgar una Ley de Impulso al Desarrollo de Viviendas.  Mediante esta ley se aclararía la situación de las viviendas ya adjudicadas y las que en el futuro se adjudiquen a las personas beneficiarias, permitiendo que puedan disponer plenamente de las mismas, previa verificación de la adjudicación y ocupación de la vivienda. Igualmente se institucionalizaría la adjudicación de títulos de propiedad sobre bienhechurías construidas en terrenos municipales. Finalmente en esta ley se incluiría la idea de los hogares semillas que permiten que desde un estructura mínima el beneficiario pueda ir ampliando modularmente su vivienda progresivamente, para ello se contaría con la coparticipación de la empresa privada mediante créditos a la construcción en condiciones favorables, evitando que los recursos que hoy en día facilita por ley la banca privada, terminen en las manos ineficientes del Estado y generen corrupción.

Además de lo anterior, se hace indispensable la revisión de la legislación en materia de arrendamientos de viviendas pues se ha pretendido proteger tanto a los inquilinos que ya no existe un oferta suficiente de viviendas en alquiler afectándose así a las familias jóvenes que no pueden adquirir una casa propia. Para ello se puede promulgar una Ley de Fomento Arrendaticio para establecer parámetros razonables y evitar abusos en el aumento de los cánones de arrendamientos, pero a la vez permitir que los inquilinos morosos o quienes usen indebidamente los inmuebles alquilados, puedan ser desalojados en beneficio de otras personas que necesiten esa vivienda.

Por otra parte, con la finalidad de incrementar la eficiencia en el sistema de contratación pública en un momento en el que se requiere la recuperación de la infraestructura nacional, la Asamblea Nacional promulgaría una Ley de transparencia en los procesos de contrataciones públicas que establezca las licitaciones abiertas como regla general de contratación y otros mecanismos solo en casos excepcionales, eliminando la posibilidad de la contratación directa y sustituyéndola con otros mecanismos de mayor transparencia. Igualmente se establecerá el uso de mecanismos de control y administración de los contratos públicos con la finalidad de asegurar el cumplimiento estricto del contrato y el establecimiento de responsabilidades para inspectores de obras públicas.

Por supuesto que esta última propuesta legislativa esta asociada a otras destinadas a poner freno a la voraz corrupción y el despilfarro que ha signado la ejecutoria gubernamental en los últimos 15 años.   Tener un parlamento que ejerza cabalmente su función contralora y se proponga reinstitucionalizar al Estado, es por si misma una inmensa ganancia para los venezolanos y permitirá elevar la inversión pública, reorientando el gasto y haciéndolo más racional en función del interés del país.  Sin duda, hay muchas razones para ser optimista.

Richard Casanova / @richcasanova

Arquitecto – Vicepresidente Asamblea Nacional del Colegio de Ingenieros de Venezuela.

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