Crisis de infraestructura pública se afinca en hospitales y escuelas. Venezuela no cuenta con hospitales ni con escuelas públicas suficientes para atender la creciente demanda de la población atascada en una crisis económica y social sin precedentes. Y los que tiene se encuentran en general en “un estado deplorable”. Durante años no ha habido mantenimiento ni inversión.

Ese es parte del diagnóstico del Plan Nacional de Infraestructura 2021-2033, elaborado por la Cámara Venezolana de la Construcción; y que en tiempos de pandemia derrumba esperanzas de crecimiento y desarrollo.

El Plan Nacional de 328 páginas devela los inmensos vacíos en el sector de obras públicas. Y muestra los rezagos de un país que lo ubican en los más bajos lugares del ranking de competitividad del mundo.

Contabiliza 68 obras inconclusas o paralizadas en diversas áreas; todas indispensables para la calidad de vida. Y plantea las vías de recuperación en tres años, como una prioridad.

Será de gran relevancia en la recuperación económica del país; ya que contribuye a acelerar el crecimiento, crear empleo, fomentar el consumo y la inversión”.

Calcula que la suma total de las contrataciones de estas obras inconclusas o con fuertes retrasos es de más $115.000.000.000.

“Y al aplicar los porcentajes de obra ejecutada suman más de $61,6 millones, pendientes de ejecución”.

Ante las dificultades financieras y de obtención de créditos de organismos regionales, el Plan Nacional de Infraestructura sugiere un consenso mínimo de unidad entre actores políticos. Así como un período de transición para reiniciar al menos los trabajos en obras necesarias.

Hospitales que no pueden dar salud

Solamente en el sector salud el estudio nacional identifica siete hospitales Barrio Adentro IV inconclusos. Algunos comenzaron a construirse en el año 2009.

Estos son el Hospital General Cardiológico de Adultos, en Caracas; el Centro Nacional de Oncología, en Guarenas, estado Miranda; también el Hospital General Toxicológico, en Barinas; Gastroenterología y Oncología, en Mérida; Urología, en Guárico; Materno Infantil en Apure; y adicionalmente, el Hospital del Seguro Social, de Guanta.

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En contraste, el país tiene una tasa deficitaria de 1,27 camas arquitectónicas por cada 1.000 habitantes. El número es 0,41 menor que el de hace poco más de 20 años; e indica que el país está fuera del promedio de América Latina, que es de tres camas por cada 1.000 habitantes.

Pese a esto, no se han construido nuevos centros asistenciales para atender las crecientes necesidades de atención.

De los seis establecimientos especializados del programa Barrio Adentro IV solo se concluyó el Hugo Chávez de El Vigía, estado Mérida; y 11 años más tarde (2018).

Es más, fue reubicado allí porque su localización anterior “afectaba la operación del aeropuerto de la zona”.

Cinco obras quedaron paralizadas

El Cardiológico de Adultos se considera “uno de los jarrones de la revolución”, porque desde hace 12 años solo exhibe sus bases. Desde entonces, solo hubo una remodelación: la del Hospital Dr. Leopoldo Manrique Terrero (Periférico de Coche), reinaugurado el año pasado.

La falta de mantenimiento de la infraestructura sanitaria es preocupante; y además, hay problemas en el suministro de agua y electricidad, esencial para el funcionamiento de un hospital o de un centro de salud”.

Así lo dijo Pilar Bauza, responsable del Comité Internacional de la Cruz Roja en Venezuela, en septiembre de 2019.  Más de un año después, la situación se mantiene, asegura el Plan Nacional.

Se calcula que el monto por ejecutar para recuperar las obras de salud alcanza los $1.112.460.467.

Infraestructuras que derrumban la educación

El panorama en las escuelas es similar al de los hospitales. La cantidad de infraestructura es insuficiente para impartir clases.

Desde 2019 hay un total de 29.412 planteles: 24.411 son oficiales y 5.001 privados. Quiere decir que la educación inicial, primaria y media se imparte en 83% de escuelas nacionales, estatales y municipales.

A esta infraestructura la rebasan 6.442.296 alumnos, el mayor porcentaje de la población de estudiantes, indica el Informe 2020 del Sistema Educativo Venezolano, citado por el Plan Nacional para sus datos.

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La falta de escuelas en el estado Miranda, entre las otras 23 entidades, es preocupante. Para el período escolar 2007-2008, tenía 2.013 y alcanzó el mayor porcentaje (6,9) de los 28.878 planteles, según el Registro Escolar Nacional (Sinacoes, 2008). Sin embargo, hace cinco años concentraba un déficit de 3.000 planteles escolares.

No obstante, la información sobre infraestructura de escuelas no es determinante.

Tanto el Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) como la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE) han utilizado códigos identificadores de planteles escolares. Sin embargo, no existe una codificación nacional que haga referencia a las características de cada edificio escolar del país. Solo códigos catastrales de carácter municipal; lo cual dificulta identificar las características constructivas de las edificaciones asociadas a la matrícula de alumnos”.

Dicho inventario cuenta con la información general del plantel (número de pisos, año de construcción y tipología). Pero “no se ha logrado identificar el área total de cada plantel como para realizar una relación de este dato con el número de estudiantes”.

El riesgo en las escuelas

A esto se añade un agravante. Más de la mitad de los planteles oficiales no responden a las normas sismorresistentes, según un estudio sobre Reducción del Riesgo Sísmico en Edificaciones Escolares de Venezuela.

La investigación realizada en 2015 fue determinante. 70% de alrededor de 28.000 planteles escolares están en áreas de amenaza sísmica; 46% de 18.685 planteles identificados e incorporados dentro de un sistema de información geográfica fueron construidos sin normas antisísmicas. Además, 103 edificaciones escolares de 586 son similares a los que colapsaron durante el terremoto de Cariaco en 1997. Mientras, 107 edificios pertenecen a las décadas de 1950 y 1960.

Son notorias las fallas físicas existentes en las edificaciones públicas donde se deben prestar los servicios que demanda la población. Estos son los aspectos médico asistenciales, educativos, culturales, deportivos y recreacionales, de justicia y seguridad, y otras varias que conforme a las garantías y derechos ciudadanos, establece la Constitución”, indica.

Índice de infraestructura en el suelo

El diagnóstico que elabora la Cámara Venezolana de la Construcción incluye las áreas de agua potable y saneamiento, represas, y el área eléctrica. Además, analiza la infraestructura económica (transporte, energía y telecomunicaciones); la de medio ambiente, recreación y esparcimiento; y la del conocimiento y la información. En cada una de estas se advierten fallas que demandan urgente atención.

Nos encontramos ante una profunda crisis de infraestructura. En los últimos años no se han planificado ni realizado sistemática y ordenadamente las inversiones debidas para concebir y ejecutar obras que permitan mantener la infraestructura existente. Así como mejorarla y acrecentarla de acuerdo con la demanda originada por el aumento natural de la población”, afirma el Plan Nacional.

Las deficiencias se reflejan en la valoración que hacen de Venezuela instituciones internacionales que evalúan los ranking de competitividad mundial en infraestructura.

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El año pasado, el país ocupó, por cuarta vez, el último lugar en este rango, entre 63 países evaluados en el Ranking de Competitividad Mundial 2020, realizado por el International Institute for Management Development.

También estuvo entre los países del mundo con el menor índice en cuanto a la calidad, desarrollo y eficiencia de su infraestructura, según el estudio del Foro Económico Mundial.

En su Reporte Global de Competitividad 2020-Pilar Infraestructura, Venezuela se situó en el último lugar entre países de América Latina en disponibilidad del servicio, calidad y frecuencia.

Aunque la presencia sola de la infraestructura no garantiza la existencia de prosperidad, con su ausencia o estancamiento y deterioro no puede lograrse un crecimiento económico y social sostenido; e impone además, una carga inaceptable para la ciudadanía, en especial para los grupos humanos más pobres o vulnerables”, señala.

Crisis de infraestructura pública se afinca en hospitales y escuelas

Fuente: Crónica.uno

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