Crystallex podría anexarse los activos de Citgo. Ante el impago de una deuda de $1 mil 400 millones a Crystallex, un juez en el estado de Delaware decidió el año pasado que la empresa canadiense podría anexarse activos de Citgo, la empresa subsidiaria de la estatal venezolana

Crystallex es una compañía minera en quiebra. De ejecutarse la medida judicial, la empresa podría quedarse con parte de los activos de la sexta refinería más grande de Estados Unidos. El fallo fue impugnado por Pdvsa en una corte de apelaciones en Filadelfia.

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¿De dónde salió la deuda con Crystallex?

A la batalla judicial, en la que también intervinieron inversores de la petrolera estatal venezolana, llegó el gobierno del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Desde sus inicios ha tenido los ojos puestos en obtener el control de Citgo.

La disputa legal entre la quebrada empresa y Venezuela se remonta a 2008. Durante su presidencia Hugo Chávez expropió Las Cristinas, una mina de oro al sureste del país, en el estado Bolívar. La explotación era manejada por Crystallex.

Comienza el arbitraje internacional

El caso llegó a la corte de arbitraje del Banco Mundial, el Ciadi. En 2016 otorgó un laudo arbitral de $1 mil 200 millones a Crystallex que debía pagar Venezuela en compensación por Las Cristinas.

El gobierno de Nicolás Maduro no cumplió con esa deuda. En 2018 Crystallex llevó el caso a una corte civil en Delaware, estado donde está establecida PDV Holding Inc., la matriz de Citgo.

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El fallo determinó que Pdvsa funcionaba como un “alter ego del gobierno de Venezuela. Por extensión, Crystallex podía anexarse los activos de su subsidiaria en Estados Unidos para satisfacer la deuda.

Pdvsa llevó este fallo ante la corte de apelación de Filadelfia en agosto de 2018.

Intervienen fondos de inversiones

A los pocos meses entraron en el juego dos fondos de inversiones estadounidenses: BlackRock Financial Management y Contrarian Capital Management. Ambos pidieron intervenir en el juicio a favor de Pdvsa porque son tenedores de los bonos Pdvsa 2020.

La empresa petrolera tiene también una deuda de casi $8 mil millones con los inversionistas.

Como garantía de esta deuda, Pdvsa puso la mitad de las acciones de Citgo.

Los tenedores alegaron ante la corte de Filadelfia que permitir que los acreedores de Venezuela obtengan acceso a los activos de Pdvsa “perjudicaría a todos” los deudores de la estatal venezolana.

En pocas palabras, las empresas a las que Maduro debe dinero están peleándose por ver quién se queda con Citgo.

Interviene el gobierno del presidente interino Juan Guaidó

El presidente interino ha contado desde el primer momento con el apoyo de Estados Unidos, primer país en reconocerlo como líder legítimo de Venezuela.

Apoyándose en su cuerpo diplomático encabezado por el embajador Carlos Vecchio, Guaidó se ha encargado de recoger apoyos en Estados Unidos y ejercer presión para que se tomen medidas que ahoguen a Maduro.

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También, al poco tiempo de comenzar su mandato interino, Guaidó nombró el 13 de febrero a una nueva junta directiva para Citgo. Desde entonces tomó el control de facto de la petrolera.

Los representantes del gobierno interino presentaron una moción el 1º de marzo. Pidieron a la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito aplazar el caso hasta el 1º de julio. El juez aceptó que el equipo legal de Guaidó en Estados Unidos presentara sus argumentos en un juicio oral que tendrá lugar el 16 de abril.

Una suspensión [de los procedimientos] de 120 días es necesaria para permitir que el recién instalado gobierno [tenga] suficiente tiempo para evaluar su posición”, argumentó el gobierno de Guaidó en la moción presentada a la corte.

El caso, alega, tiene que ver con el “control de activos estratégicos y amenaza con una interferencia judicial” con los “objetivos de política exterior” del presidente Donald Trump. Según los abogados, la decisión que tome la corte podría “afectar negativamente la habilidad del presidente Guaidó para completar la transición” democrática en Venezuela.

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Argumentos de Crystallex

La compañía se opuso a que el gobierno de Guaidó interviniera en el proceso legal. Afirman que el hecho de que el país esté pasando por “un cambio de liderazgo no libera al deudor de sus obligaciones con los acreedores”.

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La empresa afirma que es “indiscutible” que el laudo arbitral que el Ciadi emitió a favor de Crystallex es “válido y ejecutable.

También refutan el argumento de que el gobierno interino necesita tiempo para evaluar su posición. José Ignacio Hernández, el procurador general de Venezuela nombrado por Guaidó, proporcionó su testimonio como experto respaldando los argumentos de Crystallex cuando el caso estaba en la corte de Delaware en 2017.

Crystallex podría anexarse los activos de Citgo

Fuente: El Nacional

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