Dirigentes sindicales denuncian persecución gubernamental. La persecución contra dirigentes sindicales y trabajadores de la administración pública, está a la orden del día. Así lo denunció la ONG Movimiento Vinotinto, según señaló La Prensa de Lara.

Y es que en 2020, al menos 27 trabajadores en el país fueron detenidos por razones políticas; o por elevar su voz ante las deficiencias para la atención de pacientes positivos para Coronavirus.

No obstante, la cifra es aún mayor si se suman los casos registrados entre 2017 y 2020, alcanzando 89 detenciones.

Manuel Virgüez, representante de la ONG en Lara, precisó que las privativas de libertad se han generado en al menos 10 entidades del país.

Una de las últimas 27 corresponde al estado Lara. Se trató del médico de Carora Luis Araya, quien permaneció 24 horas en calidad de detenido; tras publicar una imagen en la que criticaba la falta de medidas de bioseguridad para el personal de salud que se encuentra en primera línea de batalla contra el virus.

Profesionales de la salud en la mira

La persecución penal contra dirigentes en 2020 fue en aumento. Un 80% eran profesionales de la salud que denunciaron la situación de la pandemia del COVID-19. Tenemos los casos de Franklin Gazcón que permaneció 18 días privados de libertad; y Franklin Gómez, detenido por funcionarios de la gobernación de Sucre”, indicó.

Pero no solo las detenciones proliferaron. Virgüez señaló que el paralelismo sindical es otro de los patrones de persecución registrados en 2020.

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A esto se le suman los 1.230 despidos y suspensiones de sueldos a trabajadores a nivel nacional por participar en manifestaciones de rechazo a los sueldos míseros.

Particularmente en Lara 25 trabajadores de la salud y otros 155, en su mayoría del gremio educativo, fueron despedidos en 2020. Así lo llevan en sus registros.

El estado tiene una política contra la libertad asociativa y contra quienes buscan defender los derechos laborales; pero a esto se suma la persecución de activistas por prestar apoyo a dirigentes sindicales”, denunció Virgüez.

Desmejoras

En Venezuela más de 10 mil trabajadores del sector educativo han sufrido desmejoras salariales.

Así lo denunció Leida León, representante de la Alianza Sindical Independiente Venezuela (ASIV); quien aseguró que tras el último ajuste de sueldo se violentó el convenio 26 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Este establece los parámetros para la fijación de tablas salariales.

Cuando revisamos la situación y realizamos el informe contentivo de las irregularidades en materia de derechos de los trabajadores vemos que persiste la violación directa. En Venezuela no hay trabajo decente, no existe el diálogo social tripartito; es evidente que el gobierno se mantiene rebelde e incumple normas internacionales del trabajo”, denunció.

Tanto el gremio de educación, como el de salud y representantes sindicales de gobernaciones y alcaldías, denunciaron que las recomendaciones hechas por la OIT al gobierno han sido ignoradas. Continúa la persecución; los despidos injustificados; las exclusiones de nóminas (principalmente en el sector educativo); la pulverización del salario; además de la suspensión de los contratos colectivos, eliminación de las prestaciones sociales tras la reconversión monetaria de agosto del 2018

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“También fueron suspendidos procesos electorales; no se ha institucionalizado el diálogo tripartito en un país donde debe ser prioridad las mejoras a la clase obrera”, dijo.

Dirigentes sindicales denuncian persecución gubernamental

Fuente: La Prensa de Lara

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