¿Está el gobierno privatizando las empresas expropiadas en Venezuela? Amparado en el silencio y la confidencialidad que establece la Ley Antibloqueo, el gobierno de Nicolás Maduro estaría privatizando las empresas que fueron expropiadas por su administración y la de Hugo Chávez.

El trabajo publicado por el portal Tal Cual Digital, revela que Maduro habría llegado a acuerdos con inversionistas para privatizar las empresas expropiadas que finalmente fueron llevadas al colapso.

Se trata de importantes empresas del sector agroalimentario; de importación y distribución de insumos agrícolas; producción de azúcar y productos lácteos; y grandes cadenas de supermercados.

El fracaso de la gestión chavista se evidencia en la poca o nula oferta en el mercado de productos que anteriormente despachaban estas compañías. Chávez justificaba sus ataques contra la propiedad privada y violaciones a la Constitución con la promisión de mejorar la producción y distribución de las empresas. Además de las condiciones laborales de los trabajadores.

Maduro afloja la cuerda

A partir de 2018, el gobierno de Maduro necesariamente aflojó la cuerda con la que tenía amarrada la economía nacional. Y empezó a girar el timón hacia un mercado un poco más libre. Desde entonces ha ido improvisando sobre la marcha. Abandonando los preceptos que caracterizaron el socialismo del siglo XXI para subsistir y conservar el poder en medio de un colapso de sus ingresos.

Las sanciones económicas dieron la estocada a la producción petrolera –principal fuente de entrada de divisas del Estado–; y la recesión e hiperinflación han hecho prácticamente desaparecer la recaudación tributaria.

2018 se caracterizó por una profunda escasez de alimentos y medicinas. Por ello, el Ejecutivo liberó impuestos arancelarios para que empresarios privados pudieran traer bienes terminados y abastecieran el mercado de productos que antes se fabricaban en el país. También fue soltando el control de precios, redujo las fiscalizaciones y despenalizó el uso del dólar y las operaciones cambiarias.

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Sector privado generador de divisas

El economista Víctor Álvarez, Premio Nacional de Ciencias, afirma que el gobierno necesita un sector privado que genere divisas. Y por eso abre el mercado interno al capital privado nacional y extranjero.

La Venezuela rentista se agotó. El petróleo seguirá siendo una actividad económica importante, pero no generará el mismo caudal de petrodólares de antes. Esto impone diversificar la producción y la oferta exportable, lo cual requiere abrir la economía a la inversión privada nacional y extranjera”.

“Sin renta petrolera, el gobierno está emplazado a facilitar la transformación de la economía. Y así poder conjurar la amenaza de un estallido social. A Maduro no lo tumbó Donald Trump ni Guaidó y ahora evitará que lo tumbe el pueblo. No le queda otro camino que abrir la economía a la inversión privada para generar empleo estable y bien remunerado”.

Fue en 2018 cuando Maduro reconoció el fracaso del chavismo en la administración de las empresas estatales. “Los modelos productivos que hasta ahora hemos ensayado han fracasado y la responsabilidad es nuestra”, expresó el 30 de julio de 2018 en un congreso del partido oficialista PSUV.

Hasta ese año, el Observatorio de Derechos de Propiedad de Cedice registraba 1.359 empresas tomadas por el chavismo desde 2005.

Existe un proceso de reprivatización

En 2020, altos funcionarios del gobierno de Maduro confirmaron que existe un proceso de reprivatización. Reconocieron que se han reunido con empresarios del sector privado, pero sin detalladar cuáles son las empresas.

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“Hemos sostenido muchos encuentros con empresarios privados de distintos sectores”, afirmó recientemente la vicepresidenta y ministra de Economía y Finanzas de Maduro, Delcy Rodríguez.

El gobernador del estado Portuguesa, Rafael Calles, aseguró, el 27 de diciembre, que la entidad ya ha visto “el fruto de las alianzas estratégicas suscritas con el sector privado”, las cuales “garantizan un fondo mensual de $60.000” a la entidad.

“Un fondo de $60.000 al mes, producto de que 24 empresas públicas aportan al Ejecutivo regional del 5 al 15% de su ganancia neta mensual. Entre ellas 12 agroindustrias, un hotel y la planta de servicios de mecanización agrícola Pedro Camejo. Recursos que se reinvierten en las comunidades. Especialmente en transformadores y bombas de agua que son las necesidades más sentidas del pueblo portugueseño”.

El gobierno de Maduro asegura que la Ley Antibloqueo establecerá acuerdos entre el Estado y el sector privado “para crear riqueza”. Pese a las sanciones internacionales que prohíben, entre otras cosas, que empresas extranjeras hagan negocios con el Estado venezolano.

La ley antibloqueo fue aprobada por la oficialista asamblea constituyente. Le otorga poderes extraordinarios a Maduro supuestamente para evadir las sanciones. Y además “estimular la inversión nacional y extranjera en el país”, incluyendo la participación o compra de activos que se encuentren bajo administración o gestión del Estado.

Opacidad propia del chavismo

La norma también autoriza a las máximas autoridades de los órganos y entes públicos a “otorgar el carácter de reservado, confidencial o de divulgación limitada a cualquier expediente, documento, información, hecho o circunstancia” para que no se vea “afectada la eficacia de las medidas”. Declara “secreto y reservado” cualquier procedimiento, acto y registro.

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La opacidad ha marcado los procesos de transferencia de patronos, lo cual no es nuevo en las operaciones del gobierno. Se desconocen detalles como los montos de venta de las plantas y quiénes son los inversionistas y nuevos dueños. Se ha conocido de la reprivatización de algunas empresas debido a las notificaciones a último minuto que hacen a los trabajadores.

Los procesos de reprivatizaciones se han dado de una forma completamente distinta a las expropiaciones, anunciadas por Chávez y Maduro, con pecho inflado de orgullo, en actos públicos transmitidos en cadenas de radio y televisión.

Ana Carrasquero, investigadora del Observatorio de Derechos de Propiedad de Cedice Libertad, señala que, efectivamente, no ha habido una explicación y justificación de los “movimientos privatizadores” como parte de una política comunicacional.

“La diferencia de hacerlo mediante una política de restitución y reparación de la propiedad privada es llevar adelante actos públicos de exposición del contenido y finalidad de esa política, explicar costos, beneficios, principios y valores a los que responde, medidas para evitar la corrupción y los privilegios en su ejecución. Nada se eso está ocurriendo y por los antecedentes históricos, tampoco lo veremos”.

¿Está el gobierno privatizando las empresas expropiadas en Venezuela?

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