Familias que perdieron viviendas por daños estructurales deben ser indemnizadas

Familias que perdieron viviendas por daños estructurales deben ser indemnizadas

Familias que perdieron viviendas por daños estructurales deben ser indemnizadasJosé Santiago González es ingeniero mecánico. Fue presidente de la Fundación para el Mantenimiento de Infraestructura Médico Asistencial para la Salud Pública (FIMA), durante los años 1994 – 1995. También fungió como director de Infraestructura del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social bajo la segunda gestión de Rafael Caldera.

Hoy es presidente del Tribunal Disciplinario del Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV).

Opacidad y corrupción

Le preocupa sobremanera la ligereza con la que autoridades nacionales, regionales y municipales se han tomado la ejecución de viviendas a través del programa bandera del gobierno: la Gran Misión Vivienda Venezuela.

No se han respetado leyes ni las ordenanzas mínimas de urbanismo para la obtención de terrenos, selección de empresas y adquisición de materiales de construcción. Mucho menos los parámetros exigidos por la Comisión Venezolana de Normas Industriales (Covenin). Ni los estudios de microzonificación y sísmica disponibles en la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis).

La opacidad en el gasto de los recursos públicos es la marca que identifica a quienes tienen 20 años en el poder dilapidando la hacienda.

Centenares de “guisos” que se ejecutaron con el dinero que pertenece a todos los venezolanos, alimentan los más sonados casos de corrupción cometidos en dos décadas.

Pero lo más peligroso es que ha dejado al descubierto la irresponsabilidad, negligencia e indolencia de un puñado de funcionarios que han sobrepuesto sus intereses personales sobre los colectivos. Mostrando indiferencia absoluta ante la no conclusión de obras de infraestructura importantísimas para los venezolanos. E incluso ante el desplome de edificaciones de carácter social, construidas para reubicar a quienes perdieron sus precarias viviendas como consecuencia de eventos naturales como lluvias y deslaves.

Denuncias públicas

Son múltiples las denuncias públicas sobre las fallas estructurales en las edificaciones de la Misión Vivienda. Los medios de comunicación social y las redes sociales las han recogido.

Sin embargo, ninguna de ellas ha sido formulada ante el Tribunal Disciplinario del CIV. Esta instancia puede, de acuerdo con el artículo 24 de la Ley de Ejercicio de la Ingeniería, Arquitectura y profesiones afines, abrir una averiguación y citar a los ingenieros responsables de estos proyectos malogrados.

El Tribunal Disciplinario es el órgano encargado de conocer y decidir las causas de carácter profesional que se instauren contra miembros del Colegio de Ingenieros de Venezuela por infracciones a la presente Ley y su Reglamento (…)”, refiere el mencionado artículo.

Santiago González fue consultado por Gente que Construye acerca de este tema. Al respecto aseguró que no puede emitir opinión sobre denuncias que no han llegado al órgano que preside. Denuncias que por cierto no solamente pueden ser formuladas por sus colegas sino también por las familias afectadas.

Sobre quién responde por los venezolanos que han debido abandonar las edificaciones tras el peligro de derrumbe, respondió “el Estado”.

El Estado venezolano tiene la obligación de indemnizar a las familias que han salido afectadas por el derrumbe de algunas de las edificaciones o por las severas fallas estructurales que han obligado a declarar su inhabitabilidad”.

El gobierno ignora al CIV

González recordó que desde que Hugo Chávez ocupó la presidencia de la República, ignoró las recomendaciones y sugerencias hechas por el gremio que agrupa a los ingenieros, arquitectos, urbanistas y afines. Y actuó conforme a las recomendaciones de sus asesores.

LEE TAMBIÉN:   Apostar más por la tecnología en la agricultura y la ganadería

El 13 de abril de 2011, Hugo Chávez anunció la Misión Vivienda Venezuela, como parte de la campaña electoral que lo llevó nuevamente al poder en 2012. El gobierno expropió y confiscó terrenos a lo largo y ancho del país para construir edificaciones que – por la premura de los lapsos – se saltaron todas las normas.

El CIV, como gremio de carácter público, pidió al Jefe del Estado respetar las leyes para levantar las edificaciones que albergarían a seres humanos.

El artículo 22 de la mencionada Ley del Ejercicio de la profesión así lo estipula: “El Colegio de Ingenieros de Venezuela tendrá como fines principales los siguientes: servir como guardián del interés público y actuar como asesor del Estado en los asuntos de su competencia, (…)”.

Una vez más las advertencias fueron desechadas. El gobierno comenzó una carrera contrarreloj. Contrató empresas de maletín, muchas de ellas internacionales (chinas, rusas, iraníes y turcas) para “sembrar” de edificios los espacios públicos disponibles, contraviniendo las normas elementales del urbanismo.

Las consecuencias de una decisión netamente política, se están viendo por doquier.

El gobierno dejó de pedir la participación del CIV en la inspección de obras. Peor aún ha impedido al CIV intervenir en ellas”, resaltó González.

Los casos más sonados: El Morro de Petare

La falta de planificación e improvisación se reflejan en muchos urbanismos. Edificaciones fracturadas y desplazadas, paredes y pisos agrietados, tuberías que no funcionan, puertas y ventanas descuadradas que no soportan un cristal, filtraciones, paredes de draywall  y no de bloques, edificios sembrados en zonas sísmicas.

El complejo residencial Argelia Laya, que el gobierno levantó en el sector El Morro del municipio Sucre del estado Miranda, fue declarado inhabitable. Los ocupantes de las terrazas 10, 11 y 12 tuvieron que salir a finales de 2017 por temor a que se les desplomara encima. El suelo comenzó a agrietarse y los deslizamientos de tierra no paran.

Al final, tendrán que salir del urbanismo los habitantes de las 37 edificaciones levantadas sobre una falla geológica activa.

Ingenieros responsables debieron haber hecho estudios preliminares para determinar que es una zona no apta para construir por el riesgo sísmico y la alta vulnerabilidad.

Los casos más sonados: Playa Grande en La Guaira

Igual situación viven quienes fueron asignados al Desarrollo Habitacional Playa Grande en La Guaira. Grietas, filtraciones y socavamientos en las losas de los edificios, recuerdan a sus habitantes que en cualquier momento podrían ceder.

LEE TAMBIÉN:   Denuncian que hospitales públicos están prácticamente en cierre técnico

A finales del año pasado, el ingeniero de la Universidad Simón Bolívar (USB), Teodoro Ruiz, reveló que más del 50% de las edificaciones de la Misión Vivienda Venezuela, han sido construidas en zonas inestables.

También se han reportado problemas severos en el complejo habitacional Los Caciques de Misión Vivienda, en Colinas de Vista Alegre, municipio Libertador, cuya vía se está deslizando por la rotura de tuberías.

Asimismo en Ciudad Caribia, estado Vargas. En Ciudad Tiuna, en Caracas, donde hay filtraciones. Y en el urbanismo Estrellas Revolucionarias, en Filas de La Rinconada, donde hay riesgos estructurales.

El Estado y el gobierno deben responder

El Estado y el gobierno deben responder a los afectados. Esa es la sentencia de Santiago González.

Aun cuando el gobierno actual no da respuesta alguna, su responsabilidad no caduca.

Las familias afectadas tienen derecho a ser indemnizadas en las futuras administraciones. El Estado tiene un compromiso con ellos y ese compromiso no se diluye en el tiempo. El Estado es responsable por el bienestar de los ciudadanos y si omite, otra administración debe responder”, respondió.

En torno a si la indemnización procede aun cuando no sean propietarios de la vivienda, el presidente del Tribunal Disciplinario del CIV señaló que “hay un derecho de propiedad por el uso y disfrute del bien. Aunque se lo hayan dado en comodato y no en propiedad como medida de presión del gobierno, ellos tienen derecho a reclamar porque resultaron afectados”.

Cada venezolano es un ser social y el Estado tiene responsabilidad sobre ese ser social que terminó desposeído de su hogar por una falla cometida en la ejecución de la obra. “Cuando cambie el gobierno, el que asuma tendrá que responder por esas familias afectadas”, sentenció.

Dejaron morir los hospitales

González también se manifestó en relación a la situación de los hospitales públicos.

Su experiencia en FIMA y en la dirección de Infraestructura del Ministerio de Sanidad lo lleva a asegurar que este gobierno “dejó morir los hospitales”. Especialmente los de tipo IV donde fallan los quirófanos, las plantas eléctricas, el suministro de agua, los servicios de emergencia, y los servicios de tomografías, rayos X y laboratorios.

Hospitales tipo IV que se comenzaron a construir quedaron a medias como el Hospital Cardiológico de Adultos en Montalbán; el Instituto Nacional del Cáncer, también en Montalbán, y el Hospital Oncológico Luis Razetti en Guarenas, cuyas obras fueron ejecutadas en 60%”, explicó.

El CIV alertó del peligro que se corría en la construcción de un nosocomio en El Vigía, estado Mérida. “Allí cometieron el error de levantar un hospital en el cono de aterrizaje del aeropuerto. También estaba construido en 60% y finalmente se paralizó. Era algo de lógica, cualquier ingeniero o militar pudo haberlo advertido”.

LEE TAMBIÉN:   Crece presión sobre Citgo para entregar dividendos tras reporte de ganancias

En Caracas, fueron abandonados a su suerte todos los centros asistenciales: el Hospital de Niños J.M de Los Ríos; el José Gregorio Hernández en Los Magallanes de Catia; el Leopoldo Manrique Terrero o Periférico de Coche; el Universitario de Caracas; los Oncológicos Padre Machado y Luis Razetti; el Hospital Miguel Pérez Carreño; el Domingo Luciani; el José Ignacio Baldó; el José María Vargas; la Maternidad Concepción Palacios; el Hospital Psiquiátrico; el Cardiológico Infantil; el Francisco Rísquez; el Materno Infantil de El Valle y el Pérez de León de Petare, entre otros.

El gobierno que llegue tendrá que invertir cuantiosos recursos “para recuperar estos hospitales que hoy están colapsados”.

Venezuela tiene 104 hospitales públicos con servicios de alta complejidad, servicios médico quirúrgicos en hospitalización, amplia variedad de servicios ambulatorios y laboratorios.

Atención especial para las morgues

Finalmente, González manifestó su angustia por el abandono de una de las zonas más delicadas de los hospitales: sus morgues.

El manejo de los desechos patológicos lleva un protocolo específico. Y hoy esos desechos se están botando en los vertederos de basura o rellenos sanitarios. Ocurre porque la mayoría de los incineradores están en desuso. Anteriormente, todos los hospitales tenían equipos de incineración patológica. No se están siguiendo los protocolos y la disposición final de esos desechos en sitios no adecuados puede generar epidemias”.

Lamenta que por la ineficiencia gubernamental, los venezolanos en general estén afectados. El problema de salud ya no se limita a los de menores recursos económicos. La escasez de insumos y medicamentos también es palpable en las clínicas privadas.

La prioridad es la salud. Creo que los primeros 100 días de cualquier gobierno que se instale deben estar enfocados a resolver la situación hospitalaria, especialmente en los hospitales tipo IV que son los de alta tecnología. Sin salud, ningún país puede funcionar”.

Familias que perdieron viviendas por daños estructurales deben ser indemnizadas

Fuente: Revista Gente que Construye

Comments

comments