“La protesta pacífica para exigir nuestros derechos no es más que el ejercicio del Art. 68 de la Constitución. No la podemos dejar porque es la única manera de hacernos sentir y ver si el Gobierno toma cartas en el asunto”, expresó Belkis Bolívar.
La agenda de protestas abarca varios espacios públicos para visibilizar ante la comunidad merideña la crítica situación económica; y de precariedad que atraviesan los docentes de la región andina.
Jesús Vázquez, gerente de Monitor Ciudad, expresó su preocupación por la desinversión por parte del Estado en materia de agua. «Hoy se requieren $1.500 millones para mejorar el sistema los próximos tres años».
Raúl García, uno de los vecinos afectados, declaró que cuando retiraron el motor fue para hacerle trabajos de reparación. Sin embargo, luego les notificaron que no recibirán agua debido a que el motor no sería devuelto a la estación de rebombeo.
La huelga comenzó el 27 de septiembre en las refinerías; e hizo que los combustibles estén escasos en buena parte de las gasolineras francesas. Y es que los trabajadores de las surtidoras exigen 10% de aumento para compensar los efectos de la inflación.
El problema afecta a caficultores de Villanueva (parroquia Hilario Luna y Luna); Guárico (parroquia Guárico); y Anzoátegui, (parroquia Anzoátegui).
«La luz cuesta 20 bolívares, pero el relleno sanitario son 200 bolívares», explicó. Asimismo, recalcó que la electricidad no es el único servicio que se ha incrementado; pues el mes pasado pagó 50 bolívares por concepto de telefonía e internet de Cantv. Y este mes tuvo que cancelar 170 bolívares, un incremento de más de 200%.
El Ejecutivo destina €24.300 millones para reducir las emisiones totales de compuestos de nitrógeno en 50% para 2030. Y en hasta 75% en las reservas naturales protegidas. Pero las provincias neerlandesas tienen un año para elaborar planes detallados para reducir granjas y ganado.
El mencionado ajuste salarial no está en concordancia con la IV convención colectiva única; que, al parecer, existe una mayor ganancia para estos trabajadores.
“El salario mínimo y las pensiones se deben ajustar como lo ordena la Constitución, al costo de la canasta básica familiar; cuyo monto es de 900 dólares».
Así lo expresó Emilio Lozada, presidente de la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados (Fenajupv), en un comunicado de prensa.
