El gremio de ingenieros solicitó flexibilizar temporalmente los procesos de certificación y establecer evaluaciones técnicas rápidas para reactivar los equipos bajo criterios de seguridad, mientras Bomberos de Caracas mantienen como requisito informes emitidos por empresas registradas ante Sencamer
El Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV) pidió el pasado 22 de julio a la Defensoría del Pueblo mediar ante el Ejecutivo nacional y las autoridades municipales para que se establezcan mecanismos más expeditos que permitan la revisión y reactivación de los ascensores suspendidos luego del doble terremoto del 24 de junio.
La Comisión de Desarrollo Urbano y Vivienda del CIV, encabezada por su vicepresidente, el arquitecto Richard Casanova, solicitó fijar un lapso de 24 horas para la evaluación técnica de los equipos por empresas registradas o profesionales colegiados, y otras 24 horas para que las juntas de condominio restablezcan el servicio una vez aprobadas las inspecciones.
El gremio advirtió que la paralización prolongada de los ascensores puede generar un “confinamiento indirecto” en edificios multifamiliares, especialmente para adultos mayores, personas con movilidad reducida y habitantes que requieren atención médica o acceso constante a servicios básicos.
Diferencias sobre el proceso de certificación
El CIV recomendó suspender temporalmente la obligatoriedad de la certificación del Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos (Sencamer) durante la contingencia y permitir la validación de las empresas mediante su Registro Mercantil vigente o la firma de ingenieros mecánicos colegiados.
Esta propuesta surge en medio del proceso establecido por las autoridades para autorizar nuevamente el funcionamiento de los ascensores. Tras el terremoto y sus réplicas, los Bomberos de Caracas subrayaron que la reactivación de estos equipos requiere una evaluación técnica previa realizada por empresas de mantenimiento registradas ante Sencamer.
El procedimiento establece la emisión de un informe técnico que certifique las condiciones del ascensor, determine que el sistema no presenta riesgos para usuarios y habitantes del edificio, y avale el cumplimiento del denominado Criterio Verde, una clasificación utilizada para verificar condiciones de seguridad y operatividad del equipo.
El cuerpo de bomberos indicó que estos requisitos deben ser cumplidos por las juntas de condominio, administradores y empresas responsables antes de poner nuevamente en funcionamiento los ascensores, luego de que el 29 de junio se ordenara la suspensión preventiva del servicio en edificaciones de Caracas debido a la actividad sísmica.
Ante este esquema, el Colegio de Ingenieros sostiene que el proceso puede convertirse en un cuello de botella durante la emergencia, al considerar que Sencamer no cuenta con capacidad operativa suficiente para atender la certificación masiva de equipos y empresas en el corto plazo.
Gremio alerta sobre efectos de la paralización
El arquitecto Richard Casanova señaló que la suspensión indefinida de los ascensores responde, según el CIV, a “instrucciones burocráticas e interpretaciones ambiguas” que han generado temor a sanciones entre las juntas de condominio.
El representante gremial explicó que estándares internacionales, como la norma europea EN81-77 y protocolos aplicados en Japón, prevén dos fases posteriores a un evento sísmico: una detención automática inmediata como medida preventiva y una inspección expedita para determinar si el equipo puede continuar operativo.
Según Casanova, estas referencias establecen ventanas de revisión que permiten restituir el servicio en períodos breves cuando no existen daños que comprometan la seguridad.
“Mantener un edificio de gran altura sin ascensores por casi un mes no incrementa la seguridad; por el contrario, degrada la habitabilidad de la estructura y traslada el riesgo hacia emergencias médicas, desabastecimiento e inmovilización forzosa, lo que afecta críticamente a adultos mayores y personas con movilidad reducida”, afirmó.
El CIV también cuestionó que empresas de mantenimiento pretendan realizar cobros adicionales por las inspecciones posteriores al sismo, al considerar que estas evaluaciones forman parte de las responsabilidades asociadas a la conservación y funcionamiento adecuado de los equipos.
Tras el doble terremoto del 24 de junio, que afectó principalmente a La Guaira y Caracas, las autoridades mantienen medidas preventivas sobre edificaciones mientras continúan los procesos de evaluación de daños y revisión de sistemas internos. El debate ahora se centra en cómo garantizar la seguridad de los ascensores sin prolongar indefinidamente la paralización de un servicio esencial para miles de habitantes.
Creditos: Diario El Impulso
